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El juzgado inadmite por segunda vez las medidas cautelares solicitadas por la oposición y los condena en costas

En un Auto muy esperado por el equipo de gobierno, por fin se entra a valorar la cuestión que desde un principio ha suscitado esta batalla judicial por parte de la oposición. En su Auto, la jueza considera sobre el recurso presentado por Pablo Samper e Israel Muñoz que “ha decaído la urgencia pretendida por los concejales y que la medida no presenta suficientes indicios de la inexistencia alegada sobre la falta de documentación para el Pleno de aprobación. Además, consta en el expediente informe previo de la intervención municipal sobre estas cuestiones”.

Sobre la Liquidación y la falta de la misma, la jueza ha sido clara y contundente al afirmar que “consta en el expediente la Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, si bien pudieran estar o no de acuerdo con su contenido, lo cierto es que obran en el expediente y que, según informe de la Interventora Municipal, el expediente está completo”.

Por otro lado, sobre el procedimiento instado por la concejal socialista Fanny Serrano en los mismos términos que sus compañeros, afirma el juez en su Auto que “el análisis de los escritos presentados por los recurrentes en ambos procesos, que se están tramitando paralelamente en el mismo juzgado, permite ver con claridad que se trata de una copia mimética de los mismos, planteando en dos procesos distintos y por distintos concejales no solo la misma medida cautelarísima, sino que los escritos presentados pretenden exactamente lo mismo”. Además, a este equipo de Gobierno le ha llamado poderosamente la atención el cierre del Auto, que dice “al margen del escaso rigor procesal de esta actuación, que sorprende aún más de una abogada colegiada”, en alusión a la edil socialista Fanny Serrano.

Por último, ambos jueces condenan en costas a los tres concejales. De este hecho el equipo de gobierno ha asegurado que se han dañado durante meses los derechos e intereses de todos los torrevejenses. Por ello, se está evaluando la posibilidad de solicitarles la cuantía máxima establecida calculándola en función del perjuicio ocasionado por la no aprobación del presupuesto, cuya cuantía asciende a más de 100 millones de euros

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01-08-2021

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